DeudaSEco. Jaime Carrera
Director del Observatorio Fiscal

El examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa del Ecuador, realizado por la Contraloría General del Estado, establece un importante precedente sobre el juzgamiento de las políticas públicas, sus resultados y efectos en la gestión económica y fiscal, y la determinación de las responsabilidades por las arbitrariedades en el manejo de la deuda pública.

Violación del límite de endeudamiento.
El examen de Contraloría, realizado entre enero de 2012 y mayo de 2017, demuestra con meridiana claridad, un conjunto articulado de violaciones legales y arbitrios antitécnicos, utilizados para no observar el límite del 40 % del ratio deuda pública/PIB determinado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Conforme al citado informe, a diciembre de 2016 la deuda pública total ascendió a $55.556 millones de dólares, es decir, el 52,54 % del PIB, superando en 12,54% el límite establecido en la ley. No obstante, para reducir artificialmente el nivel de endeudamiento y llevarlo al 27 % del PIB, en octubre de 2016, se expidió el Decreto Ejecutivo 1218 para excluir del cálculo del nivel de endeudamiento, casi la totalidad de la deuda interna. Acción reñida contra todo precepto legal y técnico asociado a un manejo responsable de las finanzas públicas.

Ventas anticipadas de petróleo.
El examen devela una serie de conceptos no considerados como deuda pública, en burdo atentado al sentido común y la razón colectiva. Entre ellos, las ventas anticipadas de petróleo, por las cuales se realizaron contratos por $8.200 millones y se recibieron $6.660 millones hasta diciembre de 2016 (cuadro 1). En estas operaciones ingresaban a modo de anticipo miles de millones de dólares, que luego se pagaban con embarques de petróleo crudo. Los contratos los realizaba Petroecuador, sin embargo, los recursos no se utilizaban en sus operaciones empresariales, sino que se trasladaban al Ministerio de Finanzas para financiar el déficit público.

La Contraloría desplaza hacia el futuro el examen de cuantiosos perjuicios económicos que pueden derivarse de la inadecuada determinación de los precios del petróleo calculados para redimir los anticipos. Por ejemplo, el cálculo contractual del transporte de crudo en barcos pequeños que aumentan su costo, mientras en la realidad se transportaba el mismo en barcos grandes con costos reducidos. También perjuicios para el Estado al comprometer casi toda la producción exportable de petróleo, sin margen para ventas spot como referente para lograr mejores precios.

Nocivo secretismo.
La acción de la Contraloría mediante un minucioso análisis legal, evidencia un complejo entramado de transgresiones a la ley, para impedir el conocimiento público de los contratos de deuda pública y ventas anticipadas de petróleo, realizados con empresas y bancos de la China, siempre apalancados con la garantía de la renta petrolera.  Secreto de los contratos que se extiende absurdamente, más allá del período de concreción de los mismos e ingreso de los recursos a las arcas públicas. Ominosa obscuridad que oculta cuantiosos perjuicios económicos para el Estado asociados a hechos de corrupción.

Se desnuda con claridad el obscurantismo en los documentos de sustento de los créditos y anticipos petroleros, la carencia de los mismos y el desdén por mantener registros sólidos de respaldo tanto en el Ministerio de Finanzas como en Petroamazonas y Banco Central. Un nocivo laberinto de entramados burocráticos, ineficiencias y ausencia de transparencia, han caracterizado dolosas intencionalidades en la gestión de la deuda y de las finanzas públicas.

Responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La demostración de recurrentes arbitrios antitécnicos y reiteradas violaciones a la Constitución y la Ley, con el propósito de expandir irresponsablemente el endeudamiento público, desestabilizando las cuentas públicas y la economía en su conjunto, debe inexorablemente concluir con la severa determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales, en contra de los funcionarios públicos de cualquier nivel que propiciaron directa o indirectamente actos reñidos con la moral y la ética pública en la gestión del Estado.

La expansión de la deuda por encima de límite legal y la ausencia de un programa de sostenibilidad fiscal, fueron el caldo de cultivo para colocar Bonos Soberanos Basura con prohibitivas tasas de interés de hasta el 10,75 %, sobre costo financiero que debe pagarlo la sociedad. La utilización de Petroamazonas como medio para a través de créditos y preventas de petróleo, financiar el déficit público, ocasionó la acumulación de deudas de tal empresa y la reducción notable de las inversiones, con efectos negativos en la producción de petróleo e ingresos estatales. Al comprometer con los créditos de la China, casi toda la producción exportable con precios de venta por debajo del mercado, las pérdidas para el país fueron cuantiosas. Estos y otros hechos que devienen en ingentes perjuicios para las arcas públicas, son tareas pendientes de examen y cuantificación en futuras acciones del ente contralor.

Precedente para una sana gestión del Estado.
La valoración social y política del examen especial de la deuda pública, debe ir más allá de la determinación de responsabilidades por los malos manejos de los fondos públicos. Pues, el sobreendeudamiento público y la desestabilización fiscal, tienen efectos perniciosos sobre el flujo de inversiones y el crecimiento de la economía, por tanto, afectan a la generación de empleo y al progreso de los pobres y de toda la sociedad.

Los resultados del citado examen y las sanciones derivadas del mismo, deben constituir un precedente importante para la restauración de la ética y la moral pública, para la irrestricta transparencia de la gestión de los fondos públicos, para la recomposición de la institucionalidad fiscal y democrática y, en general, para elevar a la categoría de bien público la institucionalización de sanas políticas económicas y fiscales que conduzcan al desarrollo del país.