INDendeudadoEcon. Jaime Carrera
Director del Observatorio Fiscal

El Gobierno actual continúa con las políticas fiscales y económicas de la última década, las cuales destruyeron las finanzas públicas y la economía. El déficit del presupuesto en 2017 será superior a los $6.500 millones, 6,4 % del PIB. Para financiar el déficit y cubrir el pago del capital de deudas de años anteriores, hasta octubre de 2017, el Estado se endeudó en $9.800 millones (cuadro 1), 9,8 % del PIB.

Son recurrentes las fuentes de financiamiento de los últimos años. Se acudió a los préstamos del Banco Central mediante la ficticia multiplicación de dólares de la Reserva Internacional y la triangulación de estos créditos a través de BanEcuador. La colocación de Bonos soberanos, con calificación B o Bonos “Basura”, incrementó las deudas estatales en $5.500 millones (cuadro 1), elevando el monto de Bonos Soberanos emitidos por el país a $11.750 millones, 11,6 % del PIB. El costo en 2018, por el pago de intereses de los Bonos Soberanos será de $1.100 Millones (cuadro 2), el doble de lo destinado al pago del subsidio a los pobres mediante el Bono de Desarrollo Humano.

En evidente demostración de la angustia fiscal, el Gobierno obtuvo un crédito por $500 millones concedido por Goldman Sachs, para lo cual se entregó en colateral 300.000 onzas de oro por un valor de $387 millones. Además, en una operación poco transparente, el Ministerio de Finanzas emitió Bonos Soberanos por $606 millones, los que fueron entregados al Banco Central a cambio de Bonos de Deuda Interna en poder de este Banco. A su vez, el Banco Central entregó los Bonos Soberanos a Goldman Sachs, como indirecta garantía del préstamo de los $500 millones. Esto es, el citado crédito tiene una garantía de casi el doble de su valor.

El elevado déficit público producto de un insostenible nivel de gasto, se traduce en un agresivo y costoso endeudamiento público que hipoteca el futuro bienestar de toda la sociedad y sobre todo de la población más vulnerable. Además de reducir los márgenes de viabilidad futura de la economía y de las cuentas públicas. Más impuestos y restricciones al comercio apuntan en la dirección contraria de la creación de riqueza y progreso del país. Se perpetuará el estancamiento económico en conjunción con la deflación de precios que profundiza la inmovilidad de la economía.

Ecuador requiere de una visión de país moderna y contemporánea, en la que se inserte el convencimiento de mantener sólidos fundamentos económicos y equilibrio de las cuentas públicas, como condición sine qua non para el florecimiento de la actividad privada que sostenga altos niveles de crecimiento de la economía. Fundamentos que pasan por construir una institucionalidad amigable a la inversión privada, al uso eficiente de los recursos públicos y a mecanismos de redistribución de la riqueza paralelos a su constante creación.

La construcción de la institucionalidad económica y fiscal, exige un Banco Central independiente que no multiplique los dólares para ficticiamente financiar el gasto público; la misma se conforma de un conjunto de normas fiscales que conduzcan al equilibrio de las cuentas públicas, a su transparencia y permanente rendición de cuentas y severas sanciones al uso inadecuado de los recursos públicos. La reducción en el mediano y largo plazos de la dependencia de los recursos petroleros, es tarea ineludible de la nueva visión económica del país, así como separar la función de las empresas petroleras de las connaturales al Ministerio de Finanzas, a efectos de no profundizar los desajustes fiscales con el apalancamiento de la renta petrolera. Una economía creíble en la dirección de desarrollo, jamás puede concebirse sin cambios estructurales para mejorar la productividad y competitividad de todos los factores de la producción. La conducción económica y fiscal debe incorporar la disciplina que en tales campos exige una economía dolarizada, cuidando con rigor la solidez del sistema financiero, a fin de no contaminarlo con políticas públicas equivocadas asociadas al dogmatismo en la conducción del Estado.

Si bien es de importancia fundamental, sepultar el andamiaje que condujo a conculcar las libertades económicas y civiles en la última década y los mecanismos de destrucción de las instituciones democráticas, al tiempo de juzgar severamente a sus adalides; la reconstrucción económica y fiscal del Ecuador no será posible sin la viabilidad política de las reformas legales e institucionales inherentes. Las contradicciones económicas y fiscales, las indefiniciones políticas y los mensajes difusos en la visión del Estado que se persigue, sólo profundizarán las distorsiones de las variables económicas y fiscales, con un precio cada vez más elevado para su corrección.