medidasEPor: Alberto Acosta-Burneo

Luego de casi 5 meses en el poder, Lenín Moreno finalmente anunció un plan económico que debía recoger el resultado de los diálogos empresariales. El cambio de estilo de Moreno fue mal interpretado como un cambio ideológico de fondo. Pero, en lo económico, se insiste en las mismas recetas del socialismo del siglo XXI. El lema parecería ser: ¡que todo cambie, para que todo siga igual!

Están vivos los miedos correístas: que las importaciones generan desempleo, que las ganancias de un empresario son las pérdidas de los ciudadanos y por eso el Estado debe intervenir, que sin sustitución de importaciones se pierden capacidades productivas y destruyen empleos, etc. Estos mitos fueron recogidos en los principales ejes del plan económico:

  1. Sostener al gasto público cueste lo que cueste y, para lograrlo, apelar a la “corresponsabilidad” privada.
  2. Insistir en la sustitución de importaciones para “proteger” a la industria nacional.
  3. “Cuidar” la dolarización evitando que salgan dólares.

El plan económico de Moreno obliga al sector privado a ser “corresponsable” aportando $1.600 millones anuales, mientras que el estado asumirá su parte reduciendo el gasto en tan solo $500 millones. Adicionalmente, el gobierno seguirá financiando el gasto público restante vía agresivo endeudamiento (más de $10.000 millones anuales de financiamiento). Analicemos los componentes del plan:


Tasa por control aduanero e incremento arancelario

El grueso de los ingresos provendrá de las restricciones a las importaciones. Se creará una tasa por control aduanero de 10¢ por unidad de control y se incrementarán los aranceles de 375 partidas al techo permitido por la OMC. El gobierno espera recaudar con ambas medidas $900 millones por año.

La controvertida tasa por control aduanero es una obra cumbre de discrecionalidad en la política pública. Expliquemos con un ejemplo. Cuando esta medida fue inicialmente propuesta, el sector panificador expresó su preocupación asegurando que si les cobraban 10¢ por kilogramo de trigo, su precio se incrementaría en 45% encareciendo el pan. Aduanas se apresuró a desmentir esta posibilidad asegurando que no cobrarían 10¢ por kilogramo, sino por quintal lo que no afectaría el precio final del trigo. ¿Por qué fijaron la unidad de control en quintales y no en kilogramos? ¿Por qué no lo hicieron en gramos o en toneladas?

Esta absoluta discrecionalidad lleva a la indefensión a las empresas que no tengan poder de “lobbying”, porque tendrán que pagar recargos desmedidos por sus importaciones.


Medidas administrativas

Un segundo grupo de medidas busca incrementar las recaudaciones del SRI y de aduanas en $500 millones aplicando medidas administrativas. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, acusa: “existe contrabando técnico… que se maneja desde grandes importadores que están sub facturando los productos que importan y están pagando muchos menos impuestos y aranceles.” (Teleamazonas, octubre 10)

El gobierno controlará los precios que reportan las importaciones comparándolos con valores internacionales. Adicionalmente, comprará mercadería sub valorada pagando un recargo de 20% al valor declarado, para luego rematarla.

El gobierno cree que las restricciones a las importaciones no incrementarán los precios de los productos de la canasta básica. Para lograrlo ya tiene preparados a intendentes y comisarios para que persigan la “especulación” controlando el precio “oficial” de venta. Las primeras inspecciones ya se realizaron en tiendas y panaderías para garantizar que no suba el precio del pan. Lastimosamente, este micro manejo de los precios siempre termina igual: creando mercados paralelos y generando escases.

Mayores impuestos

Se incrementará el impuesto a la renta de 22% a 25% para las empresas. La expectativa oficial es aumentar sus recaudaciones en $400 millones. Por otro lado, se creará un magro plan de incentivos valorado en $200 millones: devolución progresiva del anticipo del impuesto a la renta a empresas que facturen más de $300 mil anuales y ciertas exoneraciones del impuesto a la renta para las empresas más pequeñas. Se mantiene intacto el Impuesto a la Salida de Divisas, pero se eliminará el confiscatorio impuesto a la plusvalía y el impuesto a las tierras rurales.

¿Quién pagará la cuenta?

El gobierno ha sido muy cuidadoso en que los nuevos impuestos y recargos sean pagados (inicialmente) por las grandes empresas, mientras que aquellas más pequeñas estarán exentas. Con esto cree que tendrá asegurado el respaldo de las grandes mayorías de la población que aprueban el argumento populista: “que más pague quien más tiene”. Pero la realidad es distinta…

Las restricciones a las importaciones nos empobrecen como sociedad. Al encarecerse la oferta importada por los nuevos recargos, los consumidores reducen su consumo y compran sustitutos nacionales, disponibles en menor cantidad, incrementando su precio. El gobierno argumenta que se generarán empleos que de otra manera hubieran desaparecido. Pero esto también es falso. Lo que hace la sustitución de importaciones es quitar recursos de los sectores más eficientes (que probablemente hubieran generado más empleo) y transferirlos a usos menos eficientes. Todos salimos perdiendo.

Por otro lado, los incrementos impositivos y mayores costos de productos importados no los pagan solo las grandes empresas, sino que son transferidos a los consumidores a través de mayores precios (en distintas proporciones).

Como de costumbre, seremos los ciudadanos quienes paguemos los platos rotos del manejo irresponsable de las finanzas públicas de la última década. Las cosas no cambiarán mientras sigamos votando por programas populistas que priorizan repartir beneficios en el corto plazo olvidándonos de la sostenibilidad en el largo plazo.