Nº 353 – julio 2022
La Asamblea Nacional del Ecuador, el pasado 17 de junio de 2022, aprobó el Proyecto de ley que deroga parcialmente a la Ley de Apoyo Humanitario. El Proyecto fue vetado totalmente por el Ejecutivo. Desde el sector empresarial vemos positivamente la decisión del veto total debido a que el proyecto transgrede el principio de irretroactividad, le falta claridad y vulnera la autonomía de la libertad de los ciudadanos.
Proyecto de derogatoria parcial ponía en riesgo la escasa versatilidad del mercado laboral. El proyecto de ley buscaba cambiar el régimen de contratación de los contratos emergentes a contratos indefinidos. Esto incumplía el principio de irretroactividad el cual exige que se deben de preservar los derechos adquiridos por las normas anteriores. Además, hubiera afectado la previsión de derechos y obligaciones contraídas con anterioridad y acordadas por ambas partes, previo a la aprobación de este proyecto. De haberse realizado este cambio hubiera generado inseguridad jurídica en el ámbito laboral. Gracias a la Ley Humanitaria Ecuador ganó un poco de versatilidad laboral lo cual permitió amortiguar el golpe de la pandemia.
Los depositantes son los verdaderos afectados de la condonación de deudas. El proyecto de ley de derogatoria buscaba reprogramar deudas sin generar intereses de mora y condonar los intereses en el sector financiero. Sin embargo, no explicaba los parámetros objetivos para su aplicación. Esto ponía en riesgo el cumplimiento efectivo de la norma. Asimismo, hubiera afectado a los depositantes del sistema financiero ya que altera las operaciones de este y su correcta gestión. Recordemos que los verdaderos dueños del dinero que los bancos prestan son los depositantes. El sistema financiero tiene la obligación constitucional de emplear adecuadamente el dinero de sus usuarios, lo que incluye colocar y recuperar la cartera de crédito de forma apropiada. Condonar los intereses hubiera representado un acto
inconstitucional además de que castigaría al sistema financiero.
No se debe limitar la autonomía de la libertad en los contratos de seguros y medicinas. En el caso de los contratos de seguros y medicinas prepagadas se buscaba prohibir la terminación o modificación de las condiciones contractuales. Esto hubiese afectado el principio de autonomía de las partes contractuales. El proyecto no solo no medía el impacto que esto pudo tener en el sector privado al no establecer reglas claras, sino que vulneraba la autonomía de la libertad de los ciudadanos. Adicionalmente, el hecho de que no se pueda modificar las primas u otros valores hubiera impactado tanto a las personas como aseguradoras que se ven privadas de poder ajustar el contrato de acuerdo con sus necesidades y condiciones actuales.
El mercado laboral necesita reactivarse. Han pasado 2 años y 4 meses desde el inicio de la pandemia y en este tiempo la tasa de empleo adecuado sigue por debajo de los niveles prepandemia. El factor principal que impide la creación de más empleo es el rígido código de trabajo actual. Desde la CCG en representación de los empresarios presentamos al Ministro de Trabajo 43 sugerencias de reformas laborales. Las indicadas reformas fueron enviadas el 25 de mayo de 2021. Estas buscan dar un poco de flexibilidad a los contratos actualmente existentes y crear nuevas estructuras de contratación acorde a las necesidades actuales.
Cámara de Comercio de Guayaquil
